13 de junio de 2013

Avances en la OEA

Opinión
Por Elaine Ford

Hace unos días culminó en La Antigua, Guatemala, el XLIII periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, con resultados bastante concretos y alentadores. En esta oportunidad este organismo hemisférico ha demostrado avanzar en algunos temas referidos al problema de drogas y los derechos humanos, cuyas discusiones estuvieron enfrascadas desde hace varios años.

En materia de drogas se ha dado un paso importante. Se aprobó por unanimidad la Declaración “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas”, cuyo gran aporte es concerniente al uso indebido de drogas, al considerarlo un problema de salud pública. Esta Declaración insta a fortalecer los sistemas públicos de salud, particularmente en las áreas de prevención, tratamiento y rehabilitación. Debido a los impactos negativos registrados en sociedades con políticas y legislaciones más represivas, el consumo de drogas ya no debe ser abordado desde una perspectiva penal.

Este esfuerzo va de la mano con el “Informe sobre el Problema Mundial de Drogas” que dio a conocer en mayo último el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza; cumpliendo así con uno de los mandatos que se encomendaron en la VI Cumbre de las Américas realizada en abril de 2012 en Cartagena de Indias, Colombia. Dicho Informe abrió paso a explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y lograr resultados más efectivos, siendo la despenalización uno de ellos.

Adicionalmente, en materia de derechos humanos es relevante destacar la aprobación de dos instrumentos importantes: la “Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia” y la “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia”. Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Uruguay fueron los primeros en suscribir ambas convenciones y, para que éstas entren en vigencia, deben ser ratificadas por al menos dos Estados.

Ambos tratados son un paso trascendental para la consolidación de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las Américas. Por primera vez existen instrumentos con efecto vinculante a nivel hemisférico en materia de discriminación e intolerancia, en los ámbitos público o privado. Con ellos se condena la discriminación en todas sus formas, ya sea por nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, idioma, religión, origen social y de diversa índole. Asimismo, la discriminación racial se sustenta en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. El mecanismo de protección establecido es a través del sistema interamericano y se espera crear un Comité especializado en la materia. 

Cabe reconocer que en cada uno de estos procesos, la OEA ha facilitado el diálogo entre los diversos actores de los Estados junto con representantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). La OEA está ejerciendo un papel sustancial en convocar y promover la participación de las OSC, recibiendo sus aportes en base a sus conocimientos y experiencias, lo que permite el empoderamiento de las mismas, fortaleciendo las iniciativas ciudadanas y las prácticas democráticas.

Tras la reciente Asamblea las tareas pendientes son varias. Los Estados deberán implementar en sus respectivos planes y políticas nacionales los compromisos adquiridos, fortalecerlos y crear las condiciones para que se cumplan y se respeten, con el objeto de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso, en beneficio de sus pueblos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada